Reporte.- Desde el 7 de diciembre, la Policía ha detenido a casi 500 personas en el marco de las movilizaciones de protesta realizadas en varias regiones del Perú tras la vacancia de Pedro Castillo y la imposición a la presidencia de Dina Boluarte. Las detenciones van bajo el rotulo de promover disturbios y alterar el orden público, según los denunciantes la policía los relaciona con las hordas del terrorismo. Hecho que es rechazado categóricamente por quienes ven violentados sus derechos y no permitírseles protestar contra un sistema que aplasta los derechos de la sociedad. Los testimonios de las víctimas, las fotos y videos difundidos en redes sociales y los reclamos de familiares y abogados son algunas de las evidencias de los abusos cometidos por las fuerzas del orden en las calles y en las dependencias policiales, que representan graves violaciones a los derechos humanos.

La Policía Nacional del Perú reconoció que detuvo a 500 personas durante las movilizaciones de protesta en Lima, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa y otras regiones del país, entre el 7 y el 22 de diciembre últimos. La mayoría de ellas ya fueron liberadas, pero, según sus testimonios y reportes de abogados, mientras estuvieron a merced de los agentes del orden hubo casos de torturas, amenazas, intimidación, sustracción de sus pertenencias y otras vulneraciones a sus derechos ciudadanos.

En los primeros días de las manifestaciones de protesta, el número y ubicación de las personas privadas de su libertad por la Policía no fue revelado y para saber sobre los detenidos, familiares, amigos y abogados tuvieron que revisar los videos y fotos tomados en los lugares de las protestas, recoger testimonios de otros manifestantes, recorrer dependencias policiales y pedir ayuda a organizaciones públicas y privadas.

Los abogados de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia han atendido hasta ahora a 84 personas que fueron intervenidas en el marco de las movilizaciones sociales del 12 al 20 de diciembre y a 27 víctimas (14 heridos y familiares de 13 fallecidos), “a quienes se les prestó asistencia legal y/o patrocinios gratuitos para garantizar su derecho de defensa”, según informó dicho ministerio a este medio digital.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionó que los defensores del Estado estuvieron ausentes en las primeras horas de las detenciones, cuando más se vulneraron los derechos de los ciudadanos que protestaban para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, la convocatoria a nuevas elecciones, entre otras demandas.

Aunque la Defensoría del Pueblo no informó sobre una cifra exacta de detenidos, Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de dicho organismo, dijo a este medio que fueron “más de cien a nivel nacional” y que no tiene registro de personas que continúen en esa situación. Sin embargo, el abogado reconoció que aún hay una persona privada de su libertad en Apurímac, cuya situación era vista por la Fiscalía.

La cifra de detenidos proporcionada a Convoca.pe por la PNP no incluye a las personas que fueron intervenidas durante las manifestaciones para realizarles el denominado “control de identidad” que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha venido siendo aplicado por la Policía de manera irregular, pues sólo pueden usar este mecanismo cuando los agentes están investigando un hecho delictivo.