Redacción.- En un acto inédito la Sra. Dina Boluarte envió una carta notarial al cirujano presidencial Mario Cabani para evitar que declare ante el Congreso sobre sus retoques. Algunos congresistas señalan al documento emitido por la mandataria como “amenaza velada” o acto intimidatorio.

En medio de la investigación sobre las cirugías estéticas realizadas a la presidenta Dina Boluarte, el cirujano Mario Cabani ha sido citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre los procedimientos realizados. Sin embargo, la mandataria ha enviado una carta notarial solicitándole que no brinde declaraciones. La presidenta argumenta en su notificación que su comparecencia vulneraría la confidencialidad médico-paciente.

Pese a esta solicitud, Mario Cabani ha confirmado que asistirá al Congreso el próximo 28 de mayo, según declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos. “Es una amenaza velada, pero eso va a depender mucho del deber que tiene el doctor Mario Cabani con decir la verdad. Él se ha comprometido con decir la verdad… La carta notarial dice que solamente dedique sus declaraciones en el Poder Judicial o en el Ministerio Publico… El documento está bloqueando las indagaciones que estamos haciendo en la comisión”, comentó Juan Burgos sobre la carta notarial de Dina Boluarte a Mario Cabani.

LA FISCALIA DEMANDA ANTE EL CONGRESO A DINA BOLUARTE

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y ex altos funcionarios, entre ellos Alberto Otárola y Pedro Angulo, que fueron sus jefes de gabinete. También se comprende en la medida a los exministros César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández,

La denuncia presentada por el Ministerio Público es por presuntos los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros ciudadanos. La imputación está vinculada a las protestas contra Dina Boluarte producidas entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023.

Las regiones que menciona la Fiscalía son Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana, donde sucedieron las movilizaciones ciudadanas. El Ministerio Público también señala que se identificaron a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. El buho.pe