Reporte.- algo raro y extraño ocurre al interior del ministerio público y la junta nacional de justicia, la ex fiscal de la nación Zoraida Avalos en entrevista a IDELE reporteros revelo que en esa institución si no eres parte de un criterio extraño te sacan porque no juegas a sus intereses. Esta revelación desnuda los extraños movimientos sobre intereses en la vida política del país, a continuación, parte de la entrevista realizada a la fiscal que ya fue sancionada y se le sigue en cursos procesos misteriosos que ella misma no entiende.
La fiscal suprema y exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos, enfrenta investigaciones simultáneas en el Congreso, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y en el Ministerio Público. Ya ha recibido una sanción por parte de la JNJ que parece desproporcionada a la luz del fallo en al menos otro caso similar. Según Ávalos, con una nueva sanción, podrían destituirla. Un informe que espera ser debatido en el Pleno del Congreso pide su inhabilitación y plantea un juicio político por infracción constitucional y un antejuicio político por omisión o demora de actos funcionales. Si el informe alcanza 87 votos, Ávalos es inhabilitada y, si alcanza 66, la fiscalía podría investigarla, acusarla y la fiscal suprema enfrentaría dicho proceso suspendida. Algunos de esos casos están reciclados y al menos uno ha prescrito.
Usted afirma que hay un intento de sacarla de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Por qué?
Porque me pretenden destituir e inhabilitar, no por un delito que yo haya cometido, ni por actos de corrupción, porque en todo ese tiempo no me han encontrado nada. Con todos los enemigos que tengo, si me hubieran encontrado algo ya lo hubieran sacado. Se me pretende destituir por un criterio funcional.
¿Criterio funcional?
A ver. En los primeros 39 años de los 41 que tiene el Ministerio Público, el criterio de todos los fiscales de la nación, cuando se presentaba una denuncia contra un presidente de la República en funciones, era archivarla liminarmente. No se abría investigación en aplicación del artículo 117 de la Constitución, que dice que solo se le puede acusar al presidente por cuatro supuestos. Eso no quiere decir que en esos años no haya habido denuncias contra presidentes en funciones por actos de corrupción. Por supuesto que sí: caso Alejandro Toledo, caso Alan García, caso Ollanta Humala, etc. Pero todos se archivaban. Por ejemplo: el Dr. José Antonio Peláez archivó la denuncia contra el expresidente Alan García. La Dra. Gladys Echaíz archivó otras dos denuncias también contra el señor Alan García. El Dr. Pablo Sánchez archivó también dos denuncias contra el señor Ollanta Humala. Todos en aplicación del artículo 117 de la Constitución. Ese fue el criterio funcional o jurídico que aplicaron ellos.
En el año 2020 llega a mí el caso Richard Swing y, como veo que hay elementos de convicción que comprendían al expresidente Martín Vizcarra, que hay elementos para abrir investigación, yo cambio el criterio (jurídico) que tomaron mis predecesores. ¿Por qué? Porque archivar significa impunidad, porque sobre esos hechos, una vez que están archivados, no se vuelve. Entonces yo decido abrir investigación y ordeno actos investigativos. Nosotros en el Ministerio Público no investigamos a personas, nosotros investigamos hechos que involucran a personas. A mí me corresponde investigar solamente a los aforados (funcionarios públicos con protección constitucional). Con respecto al señor Castillo decido abrir la investigación, pero la suspendo.
¿Eso qué significa?
Solamente que no lo voy a llamar a declarar, nada más.
Y el resto de la investigación, ¿continúa?
Así es. Al presidente en funciones no se le puede dar impedimento de salida, ni interceptación telefónica. Tampoco se le puede requerir de grado o fuerza. Lo único que significa “suspender la investigación” es que no lo voy a llamar a declarar. Esto no se ha dado a conocer, pero el 10 de noviembre yo inicié una investigación por el caso de los ascensos en la Policía contra el ministro de Defensa (Walter) Ayala y por unidad de investigación incluí también al secretario Bruno Pacheco, y es en el marco de esa investigación que llamé a declarar en calidad de testigo al expresidente Castillo. Él, como testigo, no se podía negar. Y es a partir de esas declaraciones que surgieron muchas incongruencias que me hacen ver que, en efecto, había elementos para iniciar una carpeta fiscal contra él. Y el 4 de enero del 2022 inició la investigación. Idéele reporteros.
