Reporte.- El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emitió un comunicado para expresar su oposición hacia el nuevo dictamen que elevaría la pena de cárcel por difamación aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso. A través de su cuenta oficial de twitter, el CPP mostró su rechazo a la mencionada iniciativa y, además, a la que busca la colegiatura obligatoria de periodistas. Ambas iniciativas constituyen señales de la tendencia autoritaria y antidemocrática del Congreso. Esta organización demanda el archivo inmediato de los dos proyectos, señala.

Cabe indicar que el nuevo dictamen pretende que la norma por delitos contra el honor, que actualmente establece entre uno a tres años de pena de cárcel para el querellado, hasta cuatro años “lo que implicaría prisión efectiva”. “Si el periodismo está reñido con el daño a reputaciones y honras, limitar la fiscalización y el rendimiento de cuentas de las autoridades no es la solución. Leyes como estas sirven para que aquellos investigados, usualmente por corrupción, instrumentalicen la justicia y restrinjan el derecho de la ciudadanía a informarse de acontecimientos de interés público”, indica el comunicado.

La Comisión de Justicia del Congreso de Perú aprobó una modificación a dos artículos del Código Penal que plantean un escenario peligroso para la Libertad de Expresión, además, de la posibilidad de sentar un nefasto precedente contra el periodismo en la región. La propuesta de los legisladores peruanos tiene como objetivo principal elevar la pena en los delitos de difamación y calumnia y dejar abierta la posibilidad de pena de cárcel en los casos de difamación a través de medios de comunicación social, redes sociales o internet en general.

Entre los cambios impulsados por la Comisión de Justicia del Congreso destaca la posibilidad de incluir una “reparación civil” en el caso de las calumnias y difamación. En el caso de la difamación, específicamente, se propone incrementar un año de prisión y en el caso de los delitos que se comentan por prensa u otro medio de comunicación se incluyó a las redes sociales, sitios web, páginas y portales y se incrementó la pena máxima de tres a cuatro años.