Parece un bochornoso y vergonzoso criterio de darle todas las posibilidades de fuga de la hoy presidenta del Perú, la Sra. Dina Boluarte responsable de los hechos sucedidos durante su sucesión al cargo de la presidencia de la república, según los organismos internacionales amnistía internacional, la corte internacional de justicia de los derechos humanos y demás organismos internacionales que ven con estupor lo ocurrido contra gente inocente que solo atino a protestar ante los acontecimientos que se deslizaron durante la toma de mando de la Sra. Boluarte.

Una vez asumido el poder político del estado con la anuencia de algunos poderes del estado como el congreso de la república y demás instituciones, la Sra. no tuvo mejor idea de imprimir la fuerza a través de la intervención militar, policial en contra de los manifestantes, diversos videos muestran la fuerza bruta adoptada por la PNP y la fuerza armada en contra de los protestantes que denunciaban un contra golpe a la democracia tras el anuncio del presidente pedro castillo de cerrar el congreso y tomar medidas contra lagunas instituciones que luego le fueron adversas.

Los hechos ocurridos en aquellos años hoy le pasan factura a la Sra. Dina Boluarte que en opinión del común denominador quedara rubricada su nombre como una mandataria que ordeno criminalizar las protestas durante su efímero gobierno. El congreso tiene una gran responsabilidad de estos hechos incluso aprobaron que la mandataria pueda despachar desde cualquier parte del mundo de manera remota o virtual con esto la Sra. puede viajar a sus anchas y dirigir desde una laptop los destinos de un país que pide justicia, sus constantes viajes hacen proveer que estaría buscando donde refugiarse si las cosas no salen tal como las habrían planeado ante una justicia tambaleante e imprecisa.

En una reciente reacción cívica organismos que velan por la defensa de los derechos de las personas presentaron denuncias ante los organismos internacionales sobre los actos y hechos producidos en la gestión de la Sra. Boluarte.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones miembro en Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), han tenido una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) durante la cual han presentado una comunicación bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, en la que se detalla la evidencia de la comisión de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.

En estos documentos, ambas organizaciones detallan el ataque sistemático al cual se sometió a los manifestantes en Perú, en el cual se recurrió a la violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de hombres jóvenes e indígenas.

Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por parte de altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses. Estos hechos constituyen de manera evidente crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma. Debido a esto, se ha solicitado a la Fiscalía de la CPI la apertura de una investigación sobre Perú.

Los diversos elementos recogidos apuntan a la existencia de disposiciones y recursos dados por altas autoridades del gobierno de Dina Boluarte para que la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo.

La represión violenta contra manifestantes y otras personas presentes, tanto de la Policía como del Ejército, estuvo precedida por Planes de Operaciones que, a su vez, se justificaron a través de los Decretos de Emergencia emitidos por la Presidencia y el Consejo de Ministros.

Asimismo, luego de las muertes y los heridos, altas autoridades del gobierno, incluyendo la presidenta Dina Boluarte, negaron públicamente sus responsabilidades, culpando a los mismos manifestantes de la violencia ocurrida en contra de ellos, tildándolos de terroristas.

El hundimiento de la democracia en Perú

El documento también hace un análisis del contexto de la crisis democrática que se viene dando en Perú desde el año 2021. A través del informe “Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos”, la FIDH, junto con sus organizaciones miembro en Perú, APRODEH, Perú – Equidad y CEDAL, han alertado sobre las causas que han derivado en el quiebre institucional y la destrucción del Estado de derecho en el país.

En lo que las organizaciones han denunciado como un oscuro pacto de gobierno, diversas bancadas conservadoras y de tendencia autocrática del congreso han intentado usurpar e instrumentalizar, con el beneplácito de la presidencia, los distintos organismos públicos, incluido el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (órgano de supervisión de fiscales, jueces y autoridades del sistema electoral). Logrando entre otras la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, desconociendo la normativa internacional y el reciente avance en el Congreso de una Ley para la prescripción de delitos de lesa humanidad.

La desintegración política y social que ha provocado este proyecto conservador y autocrático, ha terminado por dinamitar la ya escasa confianza de la ciudadanía hacia sus representantes. Según una encuesta reciente realizada por DATUM, tan solo un 5% aprueba a la presidenta, un nuevo récord histórico. Al mismo tiempo, un 91% de la población rechaza el desempeño de los miembros del congreso, según IPSOS.