Nacional. Reporte.- A pesar de habérsele advertido a los congresistas del grave riesgo de liberar zonas forestales para una libre disposición sin mayor control, el congreso por insistencia una norma que cambia un grupo de artículos de la Ley Forestal y que, según distintos especialistas, incentivará la pérdida de bosques en la Amazonía. Días antes, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) le había advertido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sobre los riesgos que implicaban las modificaciones aprobadas por insistencia en el Pleno del Congreso. A pesar de eso, se procedió con la publicación en El Peruano.

La alerta consta en un oficio enviado por el director ejecutivo del Serfor, Luis Alberto Gonzáles Zúñiga Guzmán, al viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Víctor Hugo Parra Puente. El documento incluye un “proyecto de pronunciamiento institucional”, respecto al entonces aprobado dictamen que cambiaba diversos aspectos de la Ley Forestal.

En el texto, la autoridad forestal mostró su preocupación con las facilidades para el cambio de uso de suelo, teniendo en cuenta que “es la principal causa de la deforestación y degradación de suelos en nuestro país”. Y señaló, además, que esto generaría un impacto negativo en los “compromisos climáticos”. En el proyecto de pronunciamiento, el Serfor también destacó que la ley aprobada en el Congreso no consideró “la mejora normativa” sobre los Contratos de Cesión de Uso para Sistemas Agroforestales (Cusaf) presentada ante la Comisión Agraria del Legislativo.

Los Cusaf, según el pronunciamiento enviado por el Serfor, tienen como fin formalizar a pequeños productores para que accedan a mercados internacionales que exigen productos libres de deforestación. En diciembre pasado, este interés comercial también fue usado por distintos gremios empresariales para impulsar los cambios en la Ley Forestal.

En esta línea, Serfor recomendó archivar el entonces dictamen. Y señaló, asimismo, que la demora generaba un “incentivo perverso” para la deforestación “favoreciendo intereses de personas y de organizaciones en desmedro” de los bosques. En 2022, ante la insistencia en el Congreso luego de que el entonces presidente Pedro Castillo observara la autógrafa, la autoridad forestal ya se había pronunciado en contra de estos cambios.

La directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Julia Urrunaga, sostuvo que la falta de pronunciamientos de las actuales autoridades peruanas responde a una “consigna política”. En gestiones pasadas, recordó, se difundieron análisis de distintas carteras que evidenciaban “el impacto real de la norma”. Es falso, agregó, que “no hay cuestionamientos técnicos” a las modificaciones.

Los cambios en la Ley Forestal también despertaron la alerta de diversos sectores por su posible impacto en el aumento de la pérdida de bosques amazónicos. Entre ellos, destacan embajadas cuyos países tienen suscrito con el Perú la Declaración Conjunta de Intención (DCI). Este acuerdo tiene como objetivo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación.

El último 19 de enero, a través de un comunicado conjunto, las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido mostraron su preocupación por las modificaciones en la norma y las consecuencias para el Perú, respecto a compromisos asumidos para “proteger la biosfera única de la Amazonía”.

En su publicación, las embajadas además de invocar al diálogo a las autoridades peruanas consideraron que, para cumplir el objetivo de reducir la deforestación, era “imprescindible” una “consulta social amplia e inclusiva”, en alusión a la falta del proceso de consulta previa y debate con organizaciones indígenas para los cambios en la Ley Forestal.

El último 22 de enero, la ciudadana Ángela Lucila Pautrat presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), por promulgar esta norma. Ahora, esta medida que también incluye a Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) como segundo vicepresidente del Legislativo tendrá que ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ojo público.