Reporte.- El Instituto Prensa y Sociedad del Perú (IPYS) ha señalado que el Proyecto plantea modificaciones carentes de rigor técnico por innecesarias como, por ejemplo, señalar que la comisión de los delitos de calumnia y difamación también generarán responsabilidad civil, cuando eso ya está previsto en el ordenamiento jurídico peruano.
Sobre el incremento de las penas, IPYS expresa que se ha hecho esa modificación sin ofrecer explicaciones técnicas ni razonables, más aún si se tiene en cuenta que estos tipos penales están en permanente tensión con el respeto a la libertad de expresión. Recordamos al Congreso peruano lo que señala IPYS:
La Corte Interamericana sostuvo en su sentencia del Caso Álvarez Ramos v. Venezuela, de agosto del 2019, que la criminalización de ese tipo de discursos es incompatible con la Convención Americana. De aprobarse entonces, el Estado incurría en responsabilidad internacional y se generaría un claro retroceso en la garantía de la libertad de expresión.
Señalamos que la propuesta de la Comisión de Justicia del Congreso de Perú va contra corriente con la tendencia regional de reducir la intervención penal en los casos de delitos contra el honor e incluso de despenalizarlos cuando se trata de discursos que recaen sobre personajes o asuntos de interés público.
Desde la Red Voces del Sur consideramos que la iniciativa es un ataque directo contra periodistas, medios de comunicación y activistas en el Perú. Además, plantea criminalizar los dichos y opiniones en internet y redes sociales, lo que en opinión de IPYS y la Red Voces del Sur, merece una discusión más amplia. Firman las organizaciones de la Red:
El 14 de marzo de 2023, la Comisión de Justicia del Congreso de la República del Perú aprobó el Proyecto Nº 2862/2022-CR que propone incrementar las penas en los delitos de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales o sitios web. En la modificación, plantea cambiar dos artículos del Código Penal referidos a estos delitos. Con esta iniciativa, se busca incrementar la pena a cuatro años que significan prisión efectiva. También se elevan los días multa de 30 a 90 días.
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