Reporte.- El 15 de febrero, Amnistía Internacional se reunió con la presidenta Dina Boluarte para presentarle los hallazgos iniciales de la investigación, así como recomendar a su gobierno, y todas las entidades del estado y la comunidad internacional una serie de acciones que deben implementarse inmediatamente y con un enfoque antirracista:
Un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones es urgente. Las autoridades estatales deben poner fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas potencialmente letales como perdigones. El gas lacrimógeno y otras armas menos letales deben ser usados de forma adecuada y proporcional.
La Fiscalía debe avanzar urgentemente en la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel, lo que incluye realizar todas las diligencias necesarias de forma pronta y exhaustiva, asegurando recursos y personal suficiente a las fiscalías de derechos humanos. Además, deben garantizarse condiciones de seguridad para víctimas y testigos.
Las autoridades, incluida en especial la presidenta de Perú, deben tomar medidas urgentes para poner fin a la estigmatización contra las personas que se manifiestan. Asimismo, todos los poderes del Estado deben adoptar medidas oportunas que pongan fin a la discriminación racial estructural.
Las autoridades deben proporcionar urgentemente apoyo a las familias de las personas fallecidas y heridas. El apoyo psicológico, económico, laboral y la reparación a las víctimas deben ser prioridad.
La comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos deben tomar todas las medidas oportunas y urgentes para garantizar el cese de la represión y la rendición de cuentas por parte de las autoridades peruanas.
“La grave crisis de derechos humanos que enfrenta Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo en contra de comunidades de pueblos Indígenas y campesinas que hoy se toman las calles ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, y como respuesta han sido violentamente castigadas. Los ataques generalizados contra la población tienen consecuencias de responsabilidad penal individual de las autoridades, incluidas aquellas al más alto nivel, por su acción y omisión en poner fin a la represión,” dijo Erika Guevara Rosas.
“Reiteramos nuestro llamado a la presidenta interina Dina Boluarte y al resto de autoridades del estado a poner fin a la represión, atender las demandas legítimas de quienes protestan y garantizar que el estado cumpla con su obligación de investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.”
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