Reporte.- Parece que la orden fue reprimir con toda la fuerza, porque no se entiende porque actuaron así la fuerza militar junto a la policía nacional contra humildes pobladores que solo protestaban en las calles de Ayacucho, como si fuese una lección a aprender tras el desenlace del pasado esta vez las nuevas generaciones pagaron con sangre la osadía de protestar. El centro de investigación periodística convoca hizo un seguimiento a los acontecimientos ocurridos en los días y horas de la represión. Los testimonios y opiniones de especialistas. Así lo demuestran.

El titular de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, se mostró preocupado por la forma en que las Fuerzas Armadas y la Policía han actuado para recuperar el orden interno. “El Gobierno debe garantizar la seguridad de todos, no solo de los policías y de los negocios. No ha pasado así lamentablemente. Además, queda claro que la Policía no tiene ni el equipamiento ni la capacitación para afrontar este tipo de situaciones”, señala.

Jugo además señaló que el caso de Ayacucho es el más lamentable. “Al día siguiente de declarar el estado de emergencia se produjo la muerte de nueve personas y otro más hace unos días que estuvo agonizando. Pero todos fueron por proyectil de arma de fuego. Por las imágenes que hemos visto, el riesgo que las Fuerzas Armadas corrían no les producía la obligación de disparar a matar. Es más, el artículo 3 del Decreto Legislativo 1095 señala en qué momento se puede ejecutar la violencia hostil y en Ayacucho no hemos visto eso. Fue un operativo completamente fuera de las reglas de control de manifestaciones y violador de los Derechos Humanos”, acota.

Respecto a la labor del Ministerio Público, que anunció investigaciones contra los que resulten responsables, Miguel Jugo señaló que ya se dio un primer paso al señalar a dos generales de las fuerzas del orden como quienes habrían dado la orden de disparar en Ayacucho. Se trata del general PNP Antero Mejía Escajadillo y el general de brigada EP Jesús Vera Ipenza. Sin embargo, Jugo señala que también debería responsabilizarse penalmente a la misma presidenta Dina Boluarte y a los exministros del Interior y Defensa, César Cervantes y Alberto Otárola, respectivamente. “También son responsables políticos los miembros del Congreso”, añade.