Reporte.- Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo Amnistía Internacional al presentar los hallazgos iniciales de su investigación en el país.
Durante la investigación en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, Amnistía Internacional recibió información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. Asimismo, la organización recibió información sobre graves falencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia.
“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En un contexto de mucha incertidumbre política, las primeras expresiones de malestar social surgieron de varias de las regiones más marginadas de Perú, como Apurímac, Ayacucho y Puno, cuya población, mayoritariamente Indígena, ha sido objeto históricamente de discriminación y de desigualdad en su acceso a la participación política y ha permanecido en continua lucha por acceder a los derechos básicos de salud, vivienda y educación. Las protestas pronto se extendieron a la capital, Lima, y a otras partes del país.
Amnistía Internacional ha realizado un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión en base a datos de la Defensoría del Pueblo de Perú. Ha registrado que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con población mayoritariamente de pueblos Indígenas. Ello a pesar de que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones, como Lima, por ejemplo. Mientras que los departamentos con población mayoritariamente Indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. La evidencia apunta a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas.
En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población Indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero en el contexto de la represión policial. La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego, provocando uno de los eventos más trágicos y perturbadores en todo el país. A inicios de este mes, el gobierno decretó un Estado de Emergencia en siete regiones, siendo Puno la única región que ha quedado bajo control militar.
Durante su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a múltiples personas funcionarias del Estado, entre ellas representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la defensoría del pueblo, así como a comerciantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, personas abogadas, familiares y testigos presenciales. Asimismo, el Laboratorio de Evidencia de la organización logró verificar 36 piezas de material foto y videográfico, de las cuales al menos 11 apuntarían al uso excesivo y en ocasiones indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas.
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