Reporte.- Durante bastante tiempo el ejecutivo y algunos “especialistas en materia económica o de gestión institucional” descalificaban el gasto presupuestal de las autoridades ediles y gobiernos regionales, calificativos de todos los calibres cuestionan el gasto y uso del canon, conducta reprochable debido a que cada vez más se les recorta el presupuesto a las instituciones ediles y regionales, otro caso son las denuncias por corrupción que también se machacan como bombo de comparsa sobre el desempeño de las autoridades incluidos concejales, funcionarios y trabajadores ediles. Estás campañas mediáticas desprecian la planificación de los proyectos en estas instituciones que no tienen opción de ejecutar grandes obras debido a estos cuestionamientos.
Por todo lado, existe un bullying público y que al final liquidan alguna aspiración de apostar por una real descentralización regional en el país. Con todo ello el gobierno ahora hecha mano de los alicaídos fondos del canon minero (mal llamado) para ordenar el uso de estos fondos para atender la demanda de la seguridad ciudadana, nada más descabellado cuando las víctimas son los pequeños, medianos y grandes empresarios privados, es allí en donde se debe regir, pero la pita se rompe del lado más débil.
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto legislativo N.° 1579 que autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar los recursos del canon y sobrecanon en el financiamiento y cofinanciamiento de inversiones orientadas al mejoramiento de la seguridad ciudadana. Este objetivo se concretará mediante convenios que deberán suscribir con el Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 29010 –ley que faculta a dichos gobiernos a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú- y sus modificatorias.
La norma permitirá acortar las brechas en infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los servicios policiales, logrando así que las fuerzas del orden puedan potenciar sus capacidades y brinden una efectiva atención a la comunidad. Asimismo, permitirá un compromiso activo de las autoridades regionales y locales del país que cuentan con esta clase de recursos, siempre acompañado de una correcta administración de sus presupuestos institucionales.
“Con la aprobación de este decreto legislativo estamos fortaleciendo aún más la articulación de esfuerzos y acciones que tenemos desde el sector Interior con los gobiernos regionales y locales con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. Esa es la forma de trabajar, juntos hacia un mismo objetivo, como es el de combatir eficazmente la delincuencia y el crimen organizado”, resaltó el ministro del Interior, Vicente Romero, tras la aprobación de la mencionada norma en Consejo de Ministros. Los gobiernos locales y regionales a pesar de tener entre sus competencias la seguridad ciudadana solo han destinado a ese objetivo el 3.4% del presupuesto proveniente del canon y sobre canon.
Esta situación ha cambiado y en adelante podrán invertir estos recursos en la construcción de más comisarías y unidades especializadas, en una mayor flota vehicular, una óptima capacitación y mejores condiciones para la atención en salud de los miembros de la Policía Nacional del Perú, explicó el ministro Vicente Romero. Esta es la segunda norma que se dicta en el ámbito de los gobiernos regionales y locales. La anterior fue dada el 27 setiembre último y tiene por objeto facultar a gobiernos regionales y locales a invertir en mejorar la capacidad operativa de la PNP.
Hay que indicar, en este contexto, que uno de los pilares de la actual gestión del ministro Vicente Romero, es la permanente articulación de esfuerzos y acciones entre el sector Interior y los alcaldes y gobernadores regionales con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, a efecto de generar espacios de paz social y convivencia pacífica para la población. La norma promulgada lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Otárola Peñaranda; el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda y el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.
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