Reporte.- Una nueva norma declarativa expone el gobierno con el fin de salvar alguna responsabilidad sobre los pronósticos insospechados del fenómeno del niño. Se sabe que los gastos serán utilizados por las autoridades regionales y provinciales para atender las necesidades primarias ante un eventual caso de emergencia extrema. La norma no indica fondos a destinarse e incluso advierte que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Sin exponer fondos a utilizar el estado revela que aun no tiene calculada los daños o efectos del fenómeno del niño en nuestro país, la norma solo es de índole declarativo y no de asistencia efectiva por el estado.
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 131 distritos de 41 provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno y Tacna (Palca y Tarata), por peligro inminente ante déficit hídrico como consecuencia del posible Fenómeno El Niño.
Tal medida se dispone para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan, precisa el Decreto Supremo Nº 067-2023-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.
De acuerdo al informe situacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en base a los informes emitidos por entidades como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), se ha identificado población, superficie agrícola, superficie de pastos y población pecuaria, entre otros, expuestos a muy alta probabilidad de presencia del déficit hídrico.
En la labor de la ejecución de las medidas de respuesta participarán los gobiernos regionales y locales involucrados con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, Interior, Defensa y demás instituciones públicas y privadas comprendidas
Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El presente decreto supremo es refrendado por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y los ministros comprendidos.
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