Un contundente rechazo a los titulares de la junta nacional de justicia se escucha desde todos los extremos del país, los diversos colegios de abogados, incluso políticos y demás lideres sociales cuestionan la elección del Dr. Tomas Gálvez Aladino al cargo de nuevo fiscal de la nación. De acuerdo a los argumentos coincidentes de los diversos pronunciamientos se rige a los procesos que incluyen al nuevo fiscal de la nación. En tono de preocupación se revela que incluso los miembros de la junta de fiscales afrontan serios procesos con cuestionamientos legales e investigaciones por imputaciones que se encuentra en materia de investigación.
Esta situación resulta inédita en la preclara historia del Ministerio Público por esa razón, los colegios de abogados en aras de marcar distancia con hechos que destiñen la labor de los abogados expresan su preocupación, pues la concreción de dicho nombramiento constituiría, a todas luces, un acto reñido con el ordenamiento jurídico. La comunidad jurídica y la nación en general conocen los pormenores de la ilegal, arbitraria e inconstitucional destitución consumada por la Junta Nacional de Justicia contra quien accedió legítimamente y venía ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación titular, Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Asimismo, existen pronunciamientos emitidos a su favor por el órgano jurisdiccional constitucional, los cuales han sido obstaculizados y paralizados por orden del Tribunal Constitucional mediante una medida cautelar que vulnera estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En ese sentido, el CAL se pronuncia enfáticamente en contra del pretendido nombramiento de un Fiscal de la Nación titular, por considerar que colisiona con la defensa misma de la legalidad, principio rector de la función fiscal, máxime tratándose de Fiscales Supremos, quienes representan la instancia más elevada en cuanto a ejemplo, respeto y observancia de las normas vigentes que tutelan a la sociedad.
La defensa de la institucionalidad frente a repetidos actos ilegales atribuidos a la Junta Nacional de Justicia también nos motiva a expresar nuestro enérgico rechazo a la instrumentalización y eventual abuso de poder para desplegar selectivamente una persecución sancionatoria contra diversos magistrados jueces y fiscales que representan el equilibrio democrático de poderes mediante su trabajo ético y desempeño funcional en aras de la recta administración de justicia.
Nuestra Orden reitera que actos como los mencionados resultan inconstitucionales y vulneran el Estado de Derecho, pilar fundamental de la democracia en nuestro país.
Finalmente, invocamos a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, sin presiones ni represalias que socaven la independencia, permanencia y estabilidad en el cargo de magistrados probos y reconocidos por la sociedad. Solo así será posible preservar y recomponer nuestra actualmente debilitada democracia.
