Reporte.- Parece que la orden fue reprimir con toda la fuerza, porque no se entiende porque actuaron así la fuerza militar junto a la policía nacional contra humildes pobladores que solo protestaban en las calles de Ayacucho, como si fuese una lección a aprender tras el desenlace del pasado esta vez las nuevas generaciones pagaron con sangre la osadía de protestar. El centro de investigación periodística convoca hizo un seguimiento a los acontecimientos ocurridos en los días y horas de la represión. Los testimonios y opiniones de especialistas. Así lo demuestran.

«Por lo tanto, lo que ha ocurrido en Ayacucho y el resto de regiones es un desproporcionado uso de la fuerza. Absolutamente aterrador”, agrega la experta forense Cardoza, quien además espera que el Ministerio Público haya acudido al lugar donde ocurrieron los hechos y recuperado las evidencias para identificar a los presuntos responsables que dispararon dichas armas. “¿Es posible dar con quién disparó la bala que mató a una persona? En teoría, sí. Se necesita recuperar los casquillos y el arma: se puede identificar la marca del percutor, que es como una huella digital (única). Para ello es fundamental que los Fiscales hayan requisado las armas de los efectivos a los que les fueron asignadas y pedido la lista de quienes estuvieron en las zonas donde murieron los manifestantes”, puntualizó Cardoza

Por este motivo, Miguel Jugo señala con desánimo que posiblemente las familias de los muertos no encuentren justicia, al menos dentro del país. “Temo que el caso deba llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta deberá sancionar al país para que se den reparaciones civiles a los deudos”, indica. Justamente el jueves en la tarde la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó hasta Ayacucho, donde se reunió con los deudos y escuchó sus denuncias. Prometieron volver en enero con más información para ayudarlos en el camino legal que ahora les tocará llevar.

“Lo más grave es que el mismo gobierno no lamenta las muertes. Solo basta ver los pronunciamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes han alabado el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero no han dicho nada sobre los fallecidos. Y lo peor es que no parece haber indignación en la población de la capital. En Lima recordemos que bastaron dos muertos [Inti Sotelo y Bryan Pintado] para sacar a Manuel Merino del gobierno en el 2021. Lamentablemente seguimos viendo a los compatriotas del interior como ciudadanos de segunda clase, que siguen siendo objetivo de discriminación, racismo y abandono”, termina Miguel Jugo.

Finalmente, el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, señaló a este medio que desde su institución solicitaron al Ejecutivo que cree un mecanismo de reparación inmediata para los deudos de los fallecidos y las personas heridas. «Los deudos necesitan atención, quién los atienda a nivel psicológico, social y económicos. Y para los heridos, el Estado tiene que garantizar su plena recuperación», dijo. La Defensoría del Pueblo sugiere que sea un mecanismo parecido al que se aplicó en los casos de las movilizaciones de protesta donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. «No podemos esperar los procesos penales, indemnización que tomará años, los dejaría en total indefensión. El mecanismo que se creó alrededor de Inti y Bryan, puede ser un ejemplo, lo hemos planteado a la PCM, aún no recibimos respuesta. Confíamos en que este pedido sea atendido prontamente», puntualizó.

«Por lo tanto, lo que ha ocurrido en Ayacucho y el resto de regiones es un desproporcionado uso de la fuerza. Absolutamente aterrador”, agrega la experta forense Cardoza, quien además espera que el Ministerio Público haya acudido al lugar donde ocurrieron los hechos y recuperado las evidencias para identificar a los presuntos responsables que dispararon dichas armas. “¿Es posible dar con quién disparó la bala que mató a una persona? En teoría, sí. Se necesita recuperar los casquillos y el arma: se puede identificar la marca del percutor, que es como una huella digital (única). Para ello es fundamental que los Fiscales hayan requisado las armas de los efectivos a los que les fueron asignadas y pedido la lista de quienes estuvieron en las zonas donde murieron los manifestantes”, puntualizó Cardoza
Por este motivo, Miguel Jugo señala con desánimo que posiblemente las familias de los muertos no encuentren justicia, al menos dentro del país. “Temo que el caso deba llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta deberá sancionar al país para que se den reparaciones civiles a los deudos”, indica. Justamente el jueves en la tarde la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó hasta Ayacucho, donde se reunió con los deudos y escuchó sus denuncias. Prometieron volver en enero con más información para ayudarlos en el camino legal que ahora les tocará llevar.
“Lo más grave es que el mismo gobierno no lamenta las muertes. Solo basta ver los pronunciamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes han alabado el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero no han dicho nada sobre los fallecidos. Y lo peor es que no parece haber indignación en la población de la capital. En Lima recordemos que bastaron dos muertos [Inti Sotelo y Bryan Pintado] para sacar a Manuel Merino del gobierno en el 2021. Lamentablemente seguimos viendo a los compatriotas del interior como ciudadanos de segunda clase, que siguen siendo objetivo de discriminación, racismo y abandono”, termina Miguel Jugo.

Finalmente, el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, señaló a este medio que desde su institución solicitaron al Ejecutivo que cree un mecanismo de reparación inmediata para los deudos de los fallecidos y las personas heridas. «Los deudos necesitan atención, quién los atienda a nivel psicológico, social y económicos. Y para los heridos, el Estado tiene que garantizar su plena recuperación», dijo. La Defensoría del Pueblo sugiere que sea un mecanismo parecido al que se aplicó en los casos de las movilizaciones de protesta donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. «No podemos esperar los procesos penales, indemnización que tomará años, los dejaría en total indefensión. El mecanismo que se creó alrededor de Inti y Bryan, puede ser un ejemplo, lo hemos planteado a la PCM, aún no recibimos respuesta. Confíamos en que este pedido sea atendido prontamente», puntualizó.