Reporte.- Las autoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan, afirmando sin pruebas que existen vínculos con el “terrorismo” y con grupos criminales, con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos.
Asimismo, la organización advierte que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
La organización entrevistó a más de 20 personas que resultaron heridas por latas de gas lacrimógeno, perdigones o balas durante las protestas, muchas de las cuales tenían miedo de denunciar las lesiones por temor a ser sometidas a procesos penales. Algunas de ellas denunciaron haber recibido llamadas telefónicas amenazantes o haber sido vigiladas por la policía.
“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido,” dijo Marina Navarro.
El 21 de enero, la policía detuvo arbitrariamente a decenas de personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de que no se configuraban los supuestos de ley que justificaran tales detenciones. En el operativo, que duró varias horas y en el cual participaron más de 500 policías, fueron agredidas y se retuvo a un total de 192 personas, incluyendo estudiantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas pertenecientes a delegaciones de otras regiones del país que habían llegado a Lima para participar en las manifestaciones. La naturaleza del operativo y los reportes de violencia física y psicológica, así como las imágenes verificadas, dan cuenta de posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Una persona detenida durante el operativo contó a Amnistía Internacional que funcionarios de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP amenazaron a quienes estaban bajo su custodia con que “si [seguían] protestando [iban] a estar sus fotos en este mural de terroristas”, refiriéndose al lugar donde se identifican a las personas sindicadas por este delito.
En el operativo se registró violencia física al momento de la intervención inicial, la detención indiscriminada de transeúntes, la denegación de acceso de las personas defensoras, y el uso innecesario de esposas. Asimismo, Amnistía Internacional recibió reportes de la “siembra” de evidencias supuestamente incriminatorias y la práctica de al menos una detención que más tarde no habría figurado en actas oficiales del operativo.
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