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Martes, 03 de Setiembre 2019

MINISTRO REVELA CRITICA SITUACIÓN PENITENCIARIA DEL PAIS


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NACIONALES.- LIMA. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas señaló que en función de su cargo, tiene injerencia en la designación de los altos funcionarios, pero no en los funcionarios de línea y que no conoció ni tuvo algún vínculo con los directivos del INPE que ejercían sus puestos en el momento de la excarcelación del sicario Rubén Moreno, alias Goro. Cualquier tipo de relación al sistema penitenciario nacional y al INPE es a través del jefe del INPE y del Consejo Nacional Penitenciario, expresó con relación al director del Registro Penitenciario de la Sede Central, al subdirector de Registro Penitenciario de la Oficina Regional de Lima, y al Jefe de la Unidad de Registro Penitenciario del establecimiento penal Ancón 1. Ministro revela que hay que combatir la corrupción en el Inpe,

Entre otras preguntas del pliego, informó que si bien el Poder Judicial inició el proceso de registro de condena del mencionado interno el 19 de diciembre del 2018, debió haber sido presentada hace cuatro años y que demoró siete meses para hacer las subsanaciones que tenía que hacer. En ese sentido, descartó responsabilidad en el INPE. Señaló que su vinculación con el abogado Antonio Romero, expresidente del INPE, fue solo profesional y que fueron sus méritos los evaluados para su designación. Asimismo, para mantener en su cargo de vicepresidente del Consejo del INPE a Federico Llaque para que continuara las obras del período y afrontar la emergencia que se vivía.

Omisiones del poder judicial, cobran factura a ministro de justicia

Antes, informó que el sicario Rubén Moreno Olivo tiene tres procesos, en el que solo uno de ellos está culminado con sentencia firme. Zevallos Salinas explicó sobre el arresto domiciliario del sindicado y que el 24 de junio de este año se constató su fuga y se ordenó su recaptura, cosa que ocurrió el 13 de julio. Dijo que se determinaron las acciones de negligencia que se cometieron y las medidas adoptadas para sancionar a los responsables, tanto a los funcionarios de Lima como los de Chimbote.

La política penitenciaria en el país es crítica, refirió el ministro de justicia

Al inicio de su exposición se refirió a la política nacional penitenciaria, a la sobrepoblación, la falta de infraestructura en el sector, el estado actual del sistema penitenciario, la evolución de la población penitenciaria y la situación jurídica de esa población, entre otros temas. Cabe destacar la referencia sobre la existencia de 69 establecimientos penitenciarios, ocho oficinas regionales y el registro de una población de 95 mil 239 reos. Es decir, una sobrepoblación de 55 mil 916 internos y un índice de hacinamiento de 142 por ciento.

Entre los delitos más incidentes se refirieron a los delitos de robo agravado, violación sexual de menores de edad, tráfico ilícito de drogas, robo agravado en grado de tentativa, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, violación sexual y, entre otros, de forma agravadas de tráfico ilícito de drogas. De esta manera respondió el titular de Justicia preguntas de un total de 12 que conforman el pliego interpelatorio, en cumplimiento de la moción que presentaron varias bancadas y que fue promovida por la congresista Yeni Vilcatoma (FP).

Las bancadas que se sumaron al pedido fueron Fuerza Popular, Célula Parlamentaria Aprista, Contigo, Cambio 21 y Acción Republicana, a fin de que explique sobre su actuación y la de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario en torno a las irregularidades producidas en el sistema de registro de condenas y el cumplimiento de las sentencias judiciales, que facilitaron la excarcelación y posterior fuga del reo Rubén William Moreno Olivo, (a) Goro.

De acuerdo a la Moción N° 9824, presentada y admitida el 15 de agosto pasado, el hecho evidencia grave negligencia o presuntos actos de complicidad por parte del personal penitenciario responsable, lo que ha implicado la comisión de ilícitos penales y que puso en grave riesgo la seguridad pública.

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