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Sábado, 13 de Octubre 2018

FUNDAMENTOS DE LA LEY QUE FAVORECEN A REOS MAYORES


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El Pleno del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley N° 03533/2018 CR, el cual propone establecer la ejecución humanitaria de la pena” para algunas personas condenadas mayores de 65 años que certifiquen desde su encierro enfermedades o condiciones de discapacidad. Una vez publicada y vigente, la norma beneficiaría a un segmento de reclusos, entre ellos, al expresidente Alberto Fujimori, cuyo indulto fue revocado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el pasado 4 de octubre. Según especialistas consultados el texto aprobado carece de garantías constitucionales para Perú y contraviene, además, el derecho internacional.

La ley se dirige a mujeres de 70 años a más u hombres de 78 años a más que hayan cumplido el tercio de su pena, mujeres de 65 años a más u hombres de 75 años a más que hayan cumplido el tercio de su pena y tengan enfermedad crónica o grave acreditada con pericia médico legal, hombres de 68 años a más o mujeres de 65 años a más que tengan discapacidad severa inscritos en CONADIS y que hayan cumplido el tercio de su pena, y hombres de 73 años a más o mujeres de 70 años a más que hayan cumplido. madres cabezas de familia con hijo menor de edad o con hijo o cónyuge con discapacidad severa permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado.

LEY CON NOMBRE PROPIO

El constitucionalista Aníbal Quiroga León explica que la ley fue evidentemente pensada para una persona Alberto Fujimori y que podría ser cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que el Perú está adscrito. Esto puede ser considerado por la Corte IDH como un indulto disfrazado. Es claro que esta norma trata de sacarle la vuelta a algo que ha sido anulado por el Poder Judicial, señaló.

Según la norma, el objetivo es cumplir con la protección de una población vulnerable que, en este caso, es la conformada por personas de la tercera edad con complicaciones en su salud. Para la abogada Gabriela Oporto Patroni, no es nada reprochable la intención de promover leyes para la rehabilitación de personas condenadas ni la de salvaguardar el bienestar de la población carcelaria que tiene condición vulnerable.

Sin embargo, Oporto encuentra puntos controversiales por su selectividad en la aplicación. Las poblaciones vulnerables no solo son las personas adultas mayores de ciertas edades, con ciertas condenas y con enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad. Si el objetivo de la norma es establecer un marco jurídico que permita la rehabilitación teniendo en cuenta un enfoque de derechos, vemos que solamente lo hace de manera parcial y ahí ya cesa el análisis jurídico y empieza el político. El que la norma aparente un direccionamiento a beneficiar a un grupo muy segmentado en el que inevitablemente está una persona en específico deja un sinsabor sobre sus supuestos objetivos nobles, precisa.

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